25/04/2024
13 min 
Somos muchas las mujeres las que trabajamos en el sector público y que participamos de una forma activa en la mejora de la mujer en posiciones de responsabilidad e influencia. Sin embargo, fijamos nuestra mirada dentro de la Administración, pero ¿nos hemos planteado si podemos contribuir e impactar también en las empresas con las que trabajamos?
En este artículo abordaré esta cuestión desde la perspectiva de la contratación pública.
¿Puede la Administración influir en la mejora en el posicionamiento de la mujer en cargos de responsabilidad en las empresas licitadoras?
Como punto de partida, analicemos el impacto que la contratación pública tiene en la economía y, por tanto, en la actividad de las empresas.
Según los datos recogidos en el Informe de la ORIeScon (IAS 2023), referidos a la contratación pública del año 2022, ésta representó el 11,52% de su PIB y el 24,11% del total del gasto público (de acuerdo con la estadística incluida en el documento Government at a Glance, de la OCDE).
El Informe Especial 28/2023, de la European Court of Auditors, establece que la contratación pública representó un 14% del PIB de 2022 de los 27 Estados Miembros, concluyendo que “la contratación pública es uno de los principales motores de crecimiento económico y de empleo”.
El Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, Ley de Contratos) establece que “en la actualidad nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos”.
Del análisis de los datos que arroja la contratación pública, parece factible que la Administración pueda ejercer una influencia en la transformación de las empresas. Por ello, debemos plantearnos si es un importante motor que puede impactar en la mejora del posicionamiento de la mujer en puestos de responsabilidad, a través de la adjudicación de sus contratos públicos.
¿Cómo se materializa esta influencia a través de la contratación pública?
La Administración somete su contratación a la Ley de Contratos del Sector Público y, por tanto, a los principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
El elevado volumen de contratación que adjudica la Administración le permite impactar en la transformación de las empresas:
De una forma directa (adjudicándoles contratos que les permiten ampliar su negocio)
De una forma indirecta (ya que la adjudicación de un contrato permite a aquella empresa disponer de nuevas condiciones de solvencia que le facilitarán concurrir a otros procesos de licitación, favoreciendo la adjudicación de nuevos contratos)
La contratación pública es, por tanto, una potente herramienta al servicio de la Administración, que le permite incidir en la transformación de las empresas, debiendo éstas adaptar sus condiciones internas para poder ser competitivas y ser adjudicatarias de contratos públicos.
Si la Administración incorpora en sus procesos de licitación aspectos que mejoren el posicionamiento de la mujer en los contratos, las empresas realizarán los cambios internos necesarios para poder ser competitivas en las licitaciones, pudiendo impactar positivamente en el reconocimiento y posicionamiento de la mujer en cargos de responsabilidad.
¿Cuál es el marco jurídico?
La Ley de Contratos ofrece un marco regulador que permite dar cobertura al impulso de medidas que favorezcan la igualdad de mujeres en las organizaciones, así como su empoderamiento, a través de mecanismos que aseguren su visibilidad e incorporación en posiciones clave de decisión e influencia.
Su Preámbulo hace hincapié en la necesidad de prever en la contratación pública medidas que mejoren las condiciones sociales de la contratación (en las que debemos incluir aquéllas que favorezcan “caminar” hacia un escenario de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas, especialmente en aquellas posiciones de influencia y de toma de decisiones):
Preámbulo (..)
Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación calidad-precio.
Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
Existiendo un marco jurídico favorecedor, debemos fijar como objetivo necesario y urgente, la incorporación en la contratación pública de condiciones que favorezcan la igualdad de la mujer en posiciones clave, de responsabilidad, de toma de decisiones y en el liderazgo de proyectos.
¿Qué más es necesario?, ¿Cómo puede la Administración erigirse como impulsora de un modelo de contratación basado en la igualdad de la mujer en las organizaciones?, ¿Cómo puede impactar o influir en esa transformación necesaria de las empresas en “clave de género”R
Releyendo el articulado de la ley parece sencillo que la Administración pueda ser un modelo tractor del cambio en las empresas.
Sin embargo, no son pocos los obstáculos que se presentan en el camino (el desconocimiento de cómo “aterrizar” estas condiciones en la contratación específica de cada Administración; la falta de recursos que obliga a tramitar procesos de contratación “a gran velocidad”; sin tiempo para pensar y repensar en sus condiciones; la resistencia al cambio de los equipos dedicados a gestionar la contratación; la falta de especialización en la materia; la resistencia de los órganos decisorios, etc.).
Estos “pequeños” obstáculos no deben hacernos perder de vista el objetivo que debemos perseguir tod@s los que trabajamos al servicio de los ciudadanos: participar activamente en esta transformación de las empresas a través de la contratación pública.
Sólo desde esta perspectiva, poniendo en el centro, en el foco, la necesidad de incorporar medidas en favor de la igualdad de la mujer será posible un cambio real y efectivo.
Para favorecer el “aterrizaje” de estas ideas en el día a día de los equipos que gestionan la contratación pública, es clave disponer de herramientas eficaces que concreten estas medidas.
La elaboración de un código de contratación que contenga condiciones específicas, adecuadas al tipo de contratación de cada Administración, favorecerá su inclusión en las licitaciones.
Es importante, también, la formación y especialización de los equipos destinados a la gestión de la contratación, lo que permitirá agilizar el cambio en el modelo de licitación, así como la concienciación de las empresas, permitiendo su transformación de una forma natural, adaptada a la naturaleza y actividad de cada compañía.
¿Cómo se concretan esas medidas en el “día a día” de la contratación?
¿Deben introducirse de forma indiscriminada condiciones que favorezcan el posicionamiento de la mujer en todas las contrataciones?
La inclusión de estas condiciones debe cumplir, en todo caso, con la Ley de Contratos, teniendo en cuenta que:
Las medidas deben estar vinculadas con el objeto del contrato
La vinculación con el objeto del contrato exige que la incorporación de esa medida permita, en el marco de sus prestaciones, un impulso y favorecimiento que persiga igualar o posicionar favorablemente a la mujer en determinados roles, en detrimento de condiciones que debe soportar en actividades similares (que conducen a la desigualdad).
Debe existir una proporcionalidad entre las condiciones incorporadas y el fin perseguido
La proporcionalidad exige que la incorporación de la medida no genere una desigualdad para los licitadores interesados en la contratación, que pueda poner en riesgo, por ejemplo, el principio de libre acceso a la contratación o de igualdad.
Los códigos de contratación socialmente responsable
Si la Administración dispone de una norma o código interno que le permita concretar medidas específicas que se adapten al tipo de contratación y actividad de esa organización, esto favorecerá su inclusión en las licitaciones.
Para poder impactar de forma efectiva en la contratación pública, este código, una vez haya sido elaborado, debe avalarse y aprobarse por la dirección de la entidad o su equipo de gobierno (según el caso). Esto permitirá dotarle de la fuerza que necesita para poder impactar en la organización, sin excepción.
¿Qué ventajas nos ofrece disponer de este código?
Homogeneidad en la contratación de aquella Administración
Especialmente en organizaciones grandes o descentralizadas, disponer de normas o condiciones implantadas a nivel global, de referencia para los equipos que gestionan la contratación, permitirán que aquella Administración disponga de un modelo de contratación homogénea
Agilidad en la gestión de los procesos (asegurando la incorporación de estas medidas)
La oportunidad de disponer de un catálogo de supuestos en los que poder aplicar condiciones de este tipo, permitirá agilizar el proceso interno de contratación (especialmente en la fase inicial, donde los equipos deben destinar tiempo a “pensar” en las condiciones más favorables para aquella contratación), así como en las fases de validación jurídica y fiscalización, (teniendo en cuenta que se tratará de condiciones que se han aprobado previamente por la organización y que, por tanto, han superado el correspondiente trámite de validación jurídica)
Seguridad jurídica
El código que incorpore condiciones sociales se debe aprobar por parte de los órganos de decisión de la Administración, habiendo superado previamente el trámite correspondiente de validación jurídica. Este proceso previo permite dotar de garantía jurídica a la actuación posterior (la inclusión de condiciones concretas en una licitación específica)
Compartir recursos entre Administraciones
El trabajo “en red” tan necesario entre Administraciones, compartiendo recursos, permitirá disponer de condiciones que pueden ser utilizadas y reutilizadas por diferentes entidades (permitiendo a algunas Administraciones, especialmente las más pequeñas, beneficiarse del trabajo previo de aquellas que ya hayan elaborado sus propios códigos).
¿Qué contenido debe tener este código?
El código debe estar encabezado por los principios que deben guiar este tipo de contratación y que permitan a la Administración definir su hoja de ruta, incorporando la voluntad específica de favorecer e impulsar mecanismos que permitan a las empresas disponer de condiciones efectivas de igualdad para la mujer, especialmente en posiciones y roles clave de decisión.
Debe detallar, también, medidas específicas que permitan a los key users entenderlo y utilizarlo de forma adecuada y ágil. La inclusión de ejemplos adaptados a la contratación propia de esa Administración conseguirá que se convierta en una herramienta efectiva de trabajo para los equipos que gestionan la contratación.
Auditoría de aplicación y cumplimiento
Es importante, para que la medida sea efectiva, continuada en el tiempo, adaptada a los cambios y transformaciones de las empresas, que con carácter periódico (anualmente), se realice una auditoría interna del grado de aplicación y cumplimiento del código de contratación.
Para ello, es necesario que los equipos que gestionen la contratación analicen los avatares que se han podido producir en la misma, incorporando, en todo caso, el feedback de los licitadores, con una clara finalidad win win, en la que tanto la Administración como las empresas saldrán beneficiadas:
La Administración porque participará activamente en la transformación de las empresas para conseguir un modelo basado en la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y en el favorecimiento de la incorporación de la mujer en posiciones clave de decisión de las empresas.
Las empresas, porque incorporando pequeños ajustes que permitan transformar poco a poco y de forma natural sus organizaciones, conseguirán ampliar su mercado y negocio (posicionándose como mejores competidores en los procesos de licitación).
La Administración debe potenciar un modelo de contratación basado en el impulso de medidas que favorezcan el posicionamiento de la mujer en cargos de responsabilidad en las empresas.
La contratación pública representa un importante motor económico tanto a nivel europeo, como estatal, autonómico y local. Debemos aprovechar el potencial, impacto e influencia que tiene esta contratación en las empresas para impulsar un modelo basado en la incorporación de condiciones que favorezcan la igualdad de la mujer y que supongan una efectiva transformación de las empresas licitadoras.
La incorporación de estas condiciones en los procesos de licitación es una medida de fácil implantación y, en cambio, provoca un impacto importante en la transformación interna de las empresas (de forma natural, no invasiva), ya que esta adaptación le permite ser más competitivo en la licitación.
Conclusión
El impacto que la contratación pública tiene en la economía convierte a las Administraciones en potentes motores de la transformación de las empresas.
Es necesario avanzar en la mejora del posicionamiento, visibilidad e igualdad de las mujeres en las empresas, incorporando mecanismos que les permitan asumir roles de influencia y decisión en los contratos públicos.
La Administración debe incluir en su “hoja de ruta” mecanismos que permitan, a través de la contratación pública, influir positivamente en el cambio de las empresas, haciendo de la igualdad un principio general, real y efectivo de las empresas.
Contribuyamos a “acostumbrarnos” a ver mujeres en las direcciones de obra, liderando proyectos TIC, hagamos que sea real y habitual el management de los proyectos de la Administración liderado por mujeres (sean sus Project leaders).
Es el momento de dar un paso adelante, con compromiso y responsabilidad. La oportunidad que nos brinda la contratación pública debe ser aprovechada por la Administración para “participar” en la transformación necesaria de las empresas, en favor de la igualdad de las mujeres.
Rocío Martín Correa
Abogada
Responsable Área jurídica y de contratación pública
FGC Mobilitat
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