09/12/2020
10 min 
La cuestión sobre si las mujeres son más o menos corruptas en las administraciones públicas es algo que tengo que reconocer que no me había planteado hasta mi incorporación en mayo de este año a la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) como responsable de comunicación.
Este organismo público adscrito a les Corts Valencianes tiene entre sus objetivos luchar contra el fraude y la corrupción en las administraciones públicas valencianas y contribuir a la creación de una ética e integridad pública a través de la prevención y la formación. Y es que poco se habla, hablamos, de la corrupción existente en nuestras administraciones públicas pero no de la que afecta a la clase política sino a la que tiene como protagonistas a los empleados y empleadas públicas.
En un reciente artículo de Víctor Almonacid en su blog decía lo siguiente: “La corrupción jamás desapareció. Solo ha evolucionado. Ahora se llama micro corrupción, y la practican los funcionarios aún más que los políticos. Es la corrupción del papel, de los chiringuitos, de los amiguismos y clientelismos. La corrupción de los poderes fácticos, como algunos “jefes con solera” y otros tantos sindicatos. La corrupción de la ineficiencia y de las pequeñas ilegalidades, sutiles pero punzantes, como un puñal afilado. Y claro, los micro corruptos son enemigos mortales de la administración electrónica. ¿Por qué? Porque esta es transparencia, y “rastro electrónico”, para luchar contra la corrupción. Es eficiencia, para reducir el gasto público. Es simplificación, para evitar molestias a los ciudadanos. Solo hay una cosa mejor que el expediente electrónico: el no expediente. Ojo por tanto con la micro corrupción, que es la heredera de aquellos grandes pelotazos. Y es que, a pesar de todo, la mejor herramienta contra la corrupción, mejor aún que la administración electrónica, es la interiorización de la ética”.
Como muy bien dice Víctor, a lo mejor ha llegado la hora de analizar el porqué encontramos tantos obstáculos y barreras a la innovación y a la transformación de nuestras administraciones públicas, de preguntarnos si detrás de esas “resistencias al cambio” o del “no tenemos medios” se esconden en realidad otras razones más oscuras y menos prosaicas.
¿Cuál es la actitud de las personas que trabajan en las administraciones públicas con respecto a la corrupción en función del género? ¿existen diferencias en cómo ven, toleran y practican la corrupción?
Para poder realizar un análisis de estas cuestiones he recurrido a los datos y estadísticas que extraemos del trabajo que se realiza en la Agencia los cuales están disponibles a través de las memorias de actividad colgadas en la página web. Sólo puedo aportar datos en relación con la Comunitat Valenciana ya que es el ámbito de actuación de la Agencia y es que ahora mismo en nuestro país solo hay 3 agencias que están luchando contra el fraude y la corrupción en las administraciones públicas: la Oficina Antifrau de Catalunya, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de les Iilles Balears y la Agencia Valenciana Antifraude. Llama la atención que en España no exista una autoridad nacional y más si cabe que cuando hay que representar a España en la Red de Oficinas Europeas Antifraude (Red Neiwa) acudan las oficinas de Catalunya y Valencia en representación de todo el territorio. Esta y otras cuestiones nos deberían hacer reflexionar sobre la imagen que proyectamos en Europa con respecto a la corrupción y no llevarnos las manos a la cabeza por los comentarios y las reticencias que después encontramos entre nuestros socios europeos a la hora de conceder ayudas en nuestro país.
Por tanto, los datos a los que aquí hago referencia se refieren al sector público valenciano y aunque limitados a un espacio geográfico concreto, nos pueden ayudar a tener una visión sobre la relevancia que tiene el sesgo de género con respecto al fraude y la corrupción.
Vamos a ver dos aspectos concretos:
1) Denuncias presentadas.
En los 3 años que lleva funcionando la Agencia Valenciana Antifraude con respecto a las denuncias presentadas observamos lo siguiente:
- En el años 2017 se presentaron 30 denuncias y las 30 fueron presentadas por hombres.
- En el año 2018 de las 76 denuncias presentadas 17 fueron presentadas por mujeres, lo que representa un 22%, frente a las 59 que fueron presentadas por hombres (78%).
- En el año 2019 se presentaron 81 denuncias y 22 de ellas fueron presentadas por mujeres lo que representa un 27% y las 59 restantes fueron presentadas por hombres lo que representa un 73%.
En el cómputo global de estos 3 años se han presentado 187 denuncias y de ellas 148 fueron presentadas por hombres y 39 por mujeres lo que representa el 79% y el 21% respectivamente. Llama en primer lugar la atención que el año 2017 el 100% de las denuncias fueron presentadas por hombre y no hubo ni una sola denuncia presentada por mujeres. En segundo lugar hay que destacar la tendencia al alza año tras año en el número de denuncias presentadas por mujeres.
Tendremos que estar atentos a ver cómo evoluciona esta tendencia en cuanto tengamos los datos correspondientes al año 2020.
Los datos aquí recogidos corresponde a las denuncias en las que se ha podido identificar a la persona ya que el Buzón de Denuncias de la Agencia permite así mismo presentar denuncias de forma anónima en donde está garantizado en todo momento el anonimato de la persona. En estos casos no podemos conocer el género de la persona que denuncia y podría darse el caso de que esas denuncias fueran efectuadas en mayor número por mujeres que por hombres. El buzón de denuncias entró en funcionamiento en el año 2018 por lo que las denuncias de 2017 se mantiene ese mismo porcentaje del 100% de denuncias presentadas por hombres ya que en este caso se podía comprobar el género de la persona que hacía la denuncia.
Apuntar como dato interesante que si analizamos el contenido de las denuncias presentadas durante el año 2019 el 40% de ellas hacen referencia a irregulares en la gestión de recursos humanos lo cual podría ser objetivo de debate y análisis.
2) Personas protegidas
La Agencia Valenciana Antifraude es la única autoridad en España que cuenta en estos momentos con un Estatuto de Protección de la Persona Denunciante de Corrupción ya que aunque no se quiera reconocer, aquellas personas que denuncian irregularidades en sus administraciones públicas en ámbitos como los recursos humanos, la contratación o la gestión pública pueden sufrir represalias en mayor o menor medida.
En estos tres años la Agencia ha recibido 31 solicitudes de protección y 21 de ellas han correspondido a hombres (67%), 10 a mujeres (32%) y 1 a una persona jurídica (1%). De estas solicitudes se han estimado 21, que es el número actual de personas que tiene bajo protección la Agencia, y de esas 21 personas 14 son hombres (66%) y 7 son mujeres (34%).
Me parece importante no perder de vista en este punto que estamos hablando de dar protección a las personas que denuncian hechos que podrían ser constitutivos de fraude y corrupción ante los ataques, presiones y acosos ejercidos desde las propias administraciones públicas en las que trabajan y por personas que son compañeros suyos y colegas nuestros.
La correlación entre el género de las personas que denuncian y las personas que requieren protección es así mismo lógica, ya que a mayor número de denunciantes de un género mayor probabilidad de que puedan sufrir presiones o acosos y por tanto que puedan requerir protección.
Sin embargo, si lo observamos los datos con más detenimiento vemos que en estos tres años de funcionamiento de la Agencia el 79% de las denuncias que se presentaron fueron hechas por hombres respecto al 21% denuncias presentadas por mujeres. En lo que respecta a las solicitudes de protección fueron en un 67% de los casos realizadas por hombres frente a 32% que fueron hechas por mujeres, y finalmente se concedió la protección a un 66% de hombres y un 34% de mujeres por lo que vemos que aquellas mujeres que denuncian requieren una mayor protección que en el caso de los hombres.
Ahora mismo se están llevando a cabo los trabajos de transposición de la Directiva Europea 1937/2019 de protección de las personas denunciantes de corrupción, más conocida como Directiva Whistleblowers, en las que se va a regular esta figura en nuestro ordenamiento jurídico pero de momento, la Agencia Valenciana es la única que ofrece esta protección en España y que la habilita incluso para imponer sanciones de hasta 400.000 euros a aquella administración que continúe con las acciones de presión y acoso hacia la persona protegida.
Según nuestros datos la administración de procedencia del mayor número de personas protegidas son las administraciones locales otro aspecto que nos debe hacer reflexionar.
Estos datos sobre la perspectiva de género con respecto al fenómeno de la corrupción nos ayudan a dar forma al perfil de las personas denunciantes y la relación que tiene con otras cuestiones como por ejemplo si hombres y mujeres perciben igual cuando estamos antes una posible conducta corrupta; la relevancia que tiene el hecho de que los hombres hayan ocupado tradicionalmente puestos decisorios o sobre lo que se ha apuntado de la diferente forma de ejercer el poder con ejemplos como el éxito de la gestión de las crisis económicas y del coronavirus en aquellos países que están gobernados por mujeres.
Entre toda la documentación a la que he tenido acceso desde que estoy en la AVAF me ha parecido especialmente interesante este estudio: “Fairer Sex” or Purity Myth? Corruption, Gender, and Institutional Context” de Justin Esarey de la Rice University y Gina Chirillo del National Democratic Institute en el que entre otras cuestiones se señala que en las sociedades democráticas las mujeres son menos corruptas que los hombres pero según desciende el nivel de riqueza del país así como la calidad democrática del mismo, la diferencia entre ambos géneros en lo que respecta a la tolerancia hacia actitudes y comportamientos corruptos así como a la posibilidad de cometer delitos de corrupción, tiende a igualarse.
Amalia López Acera
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