COP25: el cambio climático es también -y de manera especial- cosa de mujeres

La pasada Cumbre del Clima celebrada en Madrid en diciembre de 2019 no ha conseguido consensuar los acuerdos necesarios para intensificar los compromisos requeridos para combatir el cambio climático. Tan sólo se ha logrado un documento de intenciones forzado en última instancia y aprobado con importantes reticencias de ciertos países a asumir más imposiciones al respecto.

El foro sí ha servido, sin embargo, para evidenciar el relevante papel que muchas mujeres asumen en pro del medio ambiente y subrayar la especial situación de vulnerabilidad en que algunas se encuentran ante las nefastas consecuencias que provoca el calentamiento global. Así, se ha celebrado el Gender Day, se ha expuesto el trabajo realizado por doce mujeres activistas climáticas –en una exposición organizada por The Human Impacts Institute– y se han presentado numerosas comunicaciones sobre esta temática. Todas estas iniciativas y debates han culminado con el reforzamiento, tras mucha incertidumbre sobre su definitiva adopción, del Plan de Acción de Género que ya fue aprobado en la COP23 celebrada en Bonn en 2017, y con el que se pretende incluir el enfoque de género de manera transversal en todas las políticas públicas que afecten al clima, fomentando la participación de las mujeres en la toma de decisiones al respecto.

El #COP25 ha servido para evidenciar el relevante papel que muchas mujeres asumen en pro del medio ambiente y subrayar su especial situación de vulnerabilidad ante el calentamiento global. Clic para tuitear

El documento reconoce su preocupación por los diferentes efectos que el calentamiento global opera en mujeres y hombres, evidenciando que la mujer es la víctima más propicia de las afecciones ambientales, encontrándose especialmente expuesta a las variaciones climáticas.

Esta situación es singularmente evidente en las comunidades rurales y pueblos indígenas de los países en vías de desarrollo, que viven de una economía de subsistencia que se encuentra altamente feminizada. Las mujeres de estas zonas mantienen pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas y pequeños comercios de productos artesanales y de proximidad que les permite alimentar a sus familias. (El lema “La mujer nutre al mundo” lanzado por la FAO en 1998 como tema del Día Mundial de la Alimentación, es muy expresivo al respecto). Se convierten de esta manera en las más acérrimas protectoras de la naturaleza, ya que su supervivencia y la de los suyos depende del uso sostenible que de la misma realicen.

Por esta razón, cualquier transformación de las condiciones climáticas de sus hábitats naturales –sequías, desertización, erosión, lluvias torrenciales, huracanes, etc.- les repercute desfavorablemente, alterando sus condiciones de vida y trabajo.

Entre otras consecuencias, se pueden destacar:

En primer lugar, económicas: La sequía y la desertización conllevarán riesgos para el adecuado suministro y la calidad de las aguas. Las mujeres y las niñas, que constituyen el 71% de quienes acarrean agua, tendrán que recorrer más distancia para llegar a los pozos, ardua tarea que no sólo pone en grave riesgo su desarrollo físico, sino que también reduce el tiempo del que disponen para su educación. Las lluvias torrenciales, las inundaciones y la anegación de tierras provocarán el descenso de las cosechas y un consiguiente aumento del trabajo para las mujeres. La intensificación de ciclones, huracanes y tornados producirán daños a los medios de subsistencia de las poblaciones. La erosión de las zonas costeras y la alteración de ecosistemas marinos mermarán parte de estos recursos cuya explotación constituye la economía de una parte importante del sur del Planeta. La pérdida de biodiversidad afectará al suministro de materias primas (alimentos, masas boscosas, vestidos, etc.) en la que se basa la supervivencia de miles de familias.

Estos adversos efectos lo son también para la salud y la seguridad de las mujeres, que verán aumentar las enfermedades y de los riesgos de su transmisión (en zonas inundables, por ejemplo), dándose peores condiciones de higiene e insalubridad (por falta de agua o por su contaminación). Se expondrán a contaminantes (productos químicos, como plaguicidas, fungicidas), incluso en el ámbito del hogar (combustión en las cocinas y braseros). Perderán, además, tratamientos medicinales naturales.

En cuanto a la seguridad, los sistemas de alerta de catástrofes naturales no llegan por igual a hombres y mujeres, y tampoco cuentan con los mismos medios de evacuación, por lo que, a la postre, ante una situación de esta índole, el porcentaje de victimas femeninas es mayor.

Asimismo, se advertirán procesos migratorios que provocarán cambios en la estructura familiar.

Tampoco es ajena a estas afecciones climáticas la situación de las mujeres que habitan en entornos urbanos, en zonas industriales o en las ciudades, incluso en países desarrollados.

Aquí, los problemas fundamentales son la contaminación atmosférica, la pérdida de la biodiversidad y de lugares de esparcimiento y de ocio, con la consiguiente disminución de la calidad de vida.

Como en el caso anterior, las consecuencias son también de variado signo:

Económicas: pérdida del comercio de proximidad, de los negocios dependientes de la artesanía y déficit de las instalaciones agrícolas y ganaderas que, aunque en su mayoría son de titularidad masculina, son explotadas por mujeres. Todo ello conlleva enormes mermas de los beneficios de las mismas y de los puestos de trabajo asociados a estos sectores.

Igualmente se producirán problemas de salud: la mayor exposición a los contaminantes dará lugar al agravamiento de enfermedades y patologías, especialmente importante en las embarazadas o en otros grupos vulnerables, como enfermos, ancianos, niños o dependientes, aumentando también el trabajo de las mujeres, que son quienes se ocupan mayoritariamente de su atención y cuidado. El incremento de los agentes químicos también se advertirá en los lugares de trabajo, apareciendo nuevas enfermedades profesionales.

Ante todos estos retos, se hace necesario la búsqueda de soluciones, algunas ya enunciadas en el Plan de Acción de Género ahora actualizado. Por nuestra parte, considerados que resulta ineludible:

En primer lugar, la adopción de un nuevo modelo de desarrollo económico que tenga en cuenta el impacto ambiental y social y la equidad de género, que es, en definitiva, a lo que conduce su adjetivación como “sostenible”. Para ello, habrá que tener en cuenta la relación entre el género y el medio ambiente en todos los sectores de actuación.

En segundo lugar, se hace imprescindible la incorporación de la variable de género en la elaboración de las evaluaciones de impacto ambiental, de tal forma que se examinen los efectos diferenciados que el cambio climático produce en mujeres y hombres. Se medirán así los efectos que para uno y otro género puede causar una acción ambiental, previendo las medidas necesarias para evitarlos o disminuirlos.

Como tercera actuación, es necesario que toda norma, plan o política pública que pueda afectar al medio ambiente incluya un análisis de su impacto sobre el género. Está demostrado que ninguna acción pública es neutral desde el punto de vista de género, por lo que deberá evaluarse la repercusión que la misma tendrá para el colectivo femenino, reduciendo la impronta negativa de la misma y favoreciendo la igualdad.

Asimismo, debe alcanzarse una plena participación de la mujer en la toma de decisiones ambientales, de tal forma que se conviertan en agentes activas de la misma. El escaso porcentaje de mujeres con poder de decisión en los foros ambientales aconseja el aumento de su representatividad.

Finalmente, se debe impulsar una mayor atención pública a la reparación de los daños ocasionados por las catástrofes climáticas a las mujeres víctimas de las mismas.

La situación de vulnerabilidad social y económica, incluso la pobreza, en la que viven las afectadas les impide disponer de las debidas garantías y seguros destinados a paliar y compensar estos perjuicios, por lo que se ven desamparadas. Debe facilitárseles no sólo el acceso a estas cauciones, sino también destinarles las indemnizaciones pecuniarias adecuadas para resarcir dichos daños.

Mª Consuelo Alonso García

Catedrática de Derecho administrativo

Universidad de Castilla-La Mancha



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