La mirada violeta del control externo

16/06/2021 9 min 2 Comentarios mujerespublico
Asociación de Mujeres en el Sector Público - La mirada violeta del control externo

El éxito de las políticas de igualdad de género está íntimamente relacionado con una buena gestión de los fondos públicos. El sistema control externo español (en adelante ICEX), integrado por el Tribunal de Cuentas (en adelante TCu) y los órganos de control externo autonómicos (en adelante OCEX), se encarga de la fiscalización de las cuentas y de la gestión económico-financiera de todo el sector público. Esto lo sitúa en una posición inmejorable para detectar las conductas contrarias al ordenamiento jurídico, fomentar los principios de buena gestión y promover unas actuaciones públicas sensibles a las cuestiones de género.

Además, los informes de fiscalización de estas instituciones no van únicamente dirigidos a los parlamentos sino también, o principalmente a la ciudadanía, asumiendo un papel de comunicadoras de la información clara y transparente en la gestión del sector público.

¿Por qué debe ser violeta el control externo de España?

Por ello, la mirada del control externo en España debe ser violeta. La Administración debe comenzar a tomarse en serio la importancia de aplicar la normativa de género con el mismo rigor que la de contratación o la presupuestaria, por poner dos ejemplos. Las instituciones dentro de su función fiscalizadora deben velar para que esto sea así, empezando por ellas mismas.

Dentro de su labor fiscalizadora, deben garantizar la inclusión de la perspectiva de género en las fiscalizaciones, es decir, ejercer el control para garantizar una actividad económico–financiera sensible a las cuestiones de género. Desde 2015 la normativa que rige el TCu incluye entre los principios que rigen la actividad pública fiscalizadora la sostenibilidad ambiental y la igualdad entre hombres y mujeres.

Los Programas Anuales de fiscalizaciones del TCu vienen incluyendo desde el año 2009 el compromiso del Pleno del Tribunal de prestar especial atención en los procedimientos fiscalizadores a la supervisión y control del desarrollo de las políticas de igualdad efectiva.

Aunque las ICEX han sido instituciones tradicionalmente centradas en fiscalizar la regularidad de la rendición pública de cuentas, hoy la gran mayoría de esas instituciones incorporan a los programas anuales de fiscalización informes de auditoría operativa, al amparo de una normativa que respalda sus análisis de eficacia, eficiencia y economía.

El papel de las auditorías

Las auditorias operativas son un instrumento adecuado para medir el nivel de implementación de las políticas de igualdad. Es importante tener en cuenta que realizar estudios o informes que midan la discriminación en un sector permite a las administraciones públicas obtener información sobre cómo adecuar, adaptar o priorizar los objetivos de las políticas públicas que se emprenden en esta materia. Cuando no se mide un fenómeno como éste, las entidades carecen de información valiosa sobre su alcance, causas y consecuencias. Además, la falta de medición no sólo no permite tomar conciencia de los problemas que puede estar causando en la sociedad, sino que resulta difícil evaluar los resultados de las iniciativas que se emprenden.

Se ha constatado la importancia de que los OCEX sigan por el camino ya iniciado hace años de realizar auditorías operativas, contribuyendo así con una tendencia general a ampliar su ámbito objetivo de actuación, con el fin de extender sus funciones para que velen por el cumplimiento de la igualdad de género. Estas nuevas funciones se pueden ejercer mediante informes específicos o de una manera transversal, con arreglo a métodos y procedimientos de fiscalización específicamente diseñados para esta finalidad.

Junto con la labor de vigilancia, estos órganos tienen la misión de ejercer una tarea más amplia y constructiva a la recogida en el mandato constitucional, como es el fomento de las buenas prácticas o el impulso de una administración pública eficaz y eficiente, lo que pasa necesariamente por introducir medidas de igualdad entre hombres y mujeres en la gestión de los fondos públicos por ejemplo mediante la elaboración de presupuestos con enfoque de género.

Los Presupuestos son el principal instrumento de la política económica de cualquier administración. Más allá de las acciones que puedan concretarse en materia de género específicamente, como las ayudas a mujeres víctimas de malos tratos, el presupuesto en su conjunto no es neutral y sus acciones, aunque en materias teóricamente alejadas de las políticas de género, pueden estar contribuyendo o dificultando la igualdad entre hombres y mujeres. Así, la incorporación de la perspectiva de género en los Presupuestos se convierte en uno de los ejes sobre los que se definen todas las políticas de gastos  e ingresos públicos. Es un instrumento útil que además de detectar las desigualdades para tratarlas, puede ayudar a diseñar políticas más efectivas, ganando por tanto en eficacia.

¿Puede ser el control externo un instrumento útil par la #igualdadreal? No te pierdas el post de #mujeresSP de MIrta García RosasClick to Post

Por otra parte, la labor de efectuar propuestas de mejora y recomendaciones de la gestión pública es una de las funciones ineludibles de los órganos de fiscalización externa. Por prescripción legal, todos los informes de auditoría pública terminan, tras el correspondiente proceso contradictorio, con un epígrafe que incluye recomendaciones constructivas que puedan contribuir significativamente a solventar las debilidades o deficiencias constatadas por la fiscalización, lo que supone un indudable valor añadido a la fiscalización. Pero tan importante como la elaboración de las recomendaciones es el seguimiento de su implementación y de su utilidad para la corrección de las deficiencias detectadas.

Más alá de mostrar compromiso

Al margen de su labor fiscalizadora de la gestión económica del sector público, los OCEX y el TCu son también administraciones en sí mismas. Dado su papel de adalid de la legalidad y de la buena gestión de los fondos públicos, las ICEX no solo deben mostrar un compromiso incorporando perspectiva de género a las fiscalizaciones o elaborando recomendaciones para lograr una gestión pública sensible a la igualdad, sino que deben dar ejemplo en sus respectivas organizaciones adoptando medidas internas tendentes a este propósito.

La aprobación de planes de igualdad en el seno de estas instituciones, de protocolos de actuación en caso de situaciones de acoso o el uso no sexista del lenguaje administrativo en los informes son algunas de las medidas que pueden contribuir a mejorar y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El I Plan de Igualdad para mujeres y hombres del TCu fue aprobado por el Pleno de la Institución el 29 de septiembre de 2014. Este instrumento fue elaborado a partir del trabajo realizado por la Comisión de Igualdad del TCu, órgano técnico constituido en junio de 2012 que se encarga del asesoramiento para la implantación de forma activa y transversal del principio de igualdad de género en el Tribunal así como del análisis y la elaboración de propuestas concretas en materia de género y fiscalizaciones.

El lenguaje de las administraciones

Por otro lado, el respaldo que los poderes públicos dan al principio de igualdad de género debe reflejarse en el lenguaje que utilizan las administraciones públicas. La instauración de una política igualitaria conlleva que lo sea también su lenguaje. Esto pasa por erradicar del lenguaje administrativo tanto en las relaciones internas como con la ciudadanía, el sexismo lingüístico y los estereotipos que invisibilizan a las mujeres.

La utilización de un lenguaje no sexista va más allá de la mera corrección política. El artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, destaca como uno de los criterios generales de actuación de los poderes públicos “La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”. Para este fin, los órganos de control pueden establecer orientaciones que aseguren en la medida de lo posible que el lenguaje no sexista en los documentos administrativos es la norma, en lugar de ser la excepción. De esta manera, en sintonía con la finalidad del lenguaje no sexista apuntada en el “Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo”, aprobado por la decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad de 13 de febrero de 2008, se le dará al sexo de las personas en el ámbito administrativo el papel irrelevante que en la mayoría de los contextos presenta.

Por último, es fundamental crear y/o mantener un entorno laboral respetuoso con la dignidad y con la libertad personal. Para ello, no es suficiente con la obligada aplicación en el ámbito administrativo de la citada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Estatuto Básico del Empleado Público ante la advertencia de conductas de acoso de tipo sexual y acoso por razón de sexo. Es necesaria una manifestación expresa de la intolerancia ante este tipo de situaciones y el compromiso de la adopción de medidas específicas para su prevención junto con la definición de los procedimientos adecuados para solucionar los problemas que ocasiona. En este sentido, desde 2013 el TCu cuenta con un Protocolo de actuación frente a las situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso laboral dentro del supremo órgano fiscalizador.

En definitiva, el control externo, por un lado, puede ser un instrumento útil que además de detectar las desigualdades para tratarlas, puede ayudar a diseñar políticas más efectivas para lograr la igualdad real. Por otro lado, debe ser ejemplificador en esta materia, y es su responsabilidad aplicar e impulsar la Ley Orgánica 3/2007, empezando por sus propias instituciones.

 

 

Mirta García Rosa

FHCN. Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Secretaria de Admon Local.

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ESCRITO POR Mujeres en el Sector Público

La mirada violeta del control externo

El éxito de las políticas de igualdad de género está íntimamente relacionado con una buena gestión de los fondos públicos. El sistema control externo español (en adelante ICEX), integrado por el Tribunal de Cuentas (en adelante TCu) y los órganos de control externo autonómicos (en adelante OCEX), se encarga de la fiscalización de las cuentas y de la gestión económico-financiera de todo el sector público. Esto lo sitúa en una posición inmejorable para detectar las conductas contrarias al ordenamiento jurídico, fomentar los principios de buena gestión y promover unas actuaciones públicas sensibles a las cuestiones de género.

Además, los informes de fiscalización de estas instituciones no van únicamente dirigidos a los parlamentos sino también, o principalmente a la ciudadanía, asumiendo un papel de comunicadoras de la información clara y transparente en la gestión del sector público.

¿Por qué debe ser violeta el control externo de España?

Por ello, la mirada del control externo en España debe ser violeta. La Administración debe comenzar a tomarse en serio la importancia de aplicar la normativa de género con el mismo rigor que la de contratación o la presupuestaria, por poner dos ejemplos. Las instituciones dentro de su función fiscalizadora deben velar para que esto sea así, empezando por ellas mismas.

Dentro de su labor fiscalizadora, deben garantizar la inclusión de la perspectiva de género en las fiscalizaciones, es decir, ejercer el control para garantizar una actividad económico–financiera sensible a las cuestiones de género. Desde 2015 la normativa que rige el TCu incluye entre los principios que rigen la actividad pública fiscalizadora la sostenibilidad ambiental y la igualdad entre hombres y mujeres.

Los Programas Anuales de fiscalizaciones del TCu vienen incluyendo desde el año 2009 el compromiso del Pleno del Tribunal de prestar especial atención en los procedimientos fiscalizadores a la supervisión y control del desarrollo de las políticas de igualdad efectiva.

Aunque las ICEX han sido instituciones tradicionalmente centradas en fiscalizar la regularidad de la rendición pública de cuentas, hoy la gran mayoría de esas instituciones incorporan a los programas anuales de fiscalización informes de auditoría operativa, al amparo de una normativa que respalda sus análisis de eficacia, eficiencia y economía.

El papel de las auditorías

Las auditorias operativas son un instrumento adecuado para medir el nivel de implementación de las políticas de igualdad. Es importante tener en cuenta que realizar estudios o informes que midan la discriminación en un sector permite a las administraciones públicas obtener información sobre cómo adecuar, adaptar o priorizar los objetivos de las políticas públicas que se emprenden en esta materia. Cuando no se mide un fenómeno como éste, las entidades carecen de información valiosa sobre su alcance, causas y consecuencias. Además, la falta de medición no sólo no permite tomar conciencia de los problemas que puede estar causando en la sociedad, sino que resulta difícil evaluar los resultados de las iniciativas que se emprenden.

Se ha constatado la importancia de que los OCEX sigan por el camino ya iniciado hace años de realizar auditorías operativas, contribuyendo así con una tendencia general a ampliar su ámbito objetivo de actuación, con el fin de extender sus funciones para que velen por el cumplimiento de la igualdad de género. Estas nuevas funciones se pueden ejercer mediante informes específicos o de una manera transversal, con arreglo a métodos y procedimientos de fiscalización específicamente diseñados para esta finalidad.

Junto con la labor de vigilancia, estos órganos tienen la misión de ejercer una tarea más amplia y constructiva a la recogida en el mandato constitucional, como es el fomento de las buenas prácticas o el impulso de una administración pública eficaz y eficiente, lo que pasa necesariamente por introducir medidas de igualdad entre hombres y mujeres en la gestión de los fondos públicos por ejemplo mediante la elaboración de presupuestos con enfoque de género.

Los Presupuestos son el principal instrumento de la política económica de cualquier administración. Más allá de las acciones que puedan concretarse en materia de género específicamente, como las ayudas a mujeres víctimas de malos tratos, el presupuesto en su conjunto no es neutral y sus acciones, aunque en materias teóricamente alejadas de las políticas de género, pueden estar contribuyendo o dificultando la igualdad entre hombres y mujeres. Así, la incorporación de la perspectiva de género en los Presupuestos se convierte en uno de los ejes sobre los que se definen todas las políticas de gastos  e ingresos públicos. Es un instrumento útil que además de detectar las desigualdades para tratarlas, puede ayudar a diseñar políticas más efectivas, ganando por tanto en eficacia.

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Por otra parte, la labor de efectuar propuestas de mejora y recomendaciones de la gestión pública es una de las funciones ineludibles de los órganos de fiscalización externa. Por prescripción legal, todos los informes de auditoría pública terminan, tras el correspondiente proceso contradictorio, con un epígrafe que incluye recomendaciones constructivas que puedan contribuir significativamente a solventar las debilidades o deficiencias constatadas por la fiscalización, lo que supone un indudable valor añadido a la fiscalización. Pero tan importante como la elaboración de las recomendaciones es el seguimiento de su implementación y de su utilidad para la corrección de las deficiencias detectadas.

Más alá de mostrar compromiso

Al margen de su labor fiscalizadora de la gestión económica del sector público, los OCEX y el TCu son también administraciones en sí mismas. Dado su papel de adalid de la legalidad y de la buena gestión de los fondos públicos, las ICEX no solo deben mostrar un compromiso incorporando perspectiva de género a las fiscalizaciones o elaborando recomendaciones para lograr una gestión pública sensible a la igualdad, sino que deben dar ejemplo en sus respectivas organizaciones adoptando medidas internas tendentes a este propósito.

La aprobación de planes de igualdad en el seno de estas instituciones, de protocolos de actuación en caso de situaciones de acoso o el uso no sexista del lenguaje administrativo en los informes son algunas de las medidas que pueden contribuir a mejorar y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El I Plan de Igualdad para mujeres y hombres del TCu fue aprobado por el Pleno de la Institución el 29 de septiembre de 2014. Este instrumento fue elaborado a partir del trabajo realizado por la Comisión de Igualdad del TCu, órgano técnico constituido en junio de 2012 que se encarga del asesoramiento para la implantación de forma activa y transversal del principio de igualdad de género en el Tribunal así como del análisis y la elaboración de propuestas concretas en materia de género y fiscalizaciones.

El lenguaje de las administraciones

Por otro lado, el respaldo que los poderes públicos dan al principio de igualdad de género debe reflejarse en el lenguaje que utilizan las administraciones públicas. La instauración de una política igualitaria conlleva que lo sea también su lenguaje. Esto pasa por erradicar del lenguaje administrativo tanto en las relaciones internas como con la ciudadanía, el sexismo lingüístico y los estereotipos que invisibilizan a las mujeres.

La utilización de un lenguaje no sexista va más allá de la mera corrección política. El artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, destaca como uno de los criterios generales de actuación de los poderes públicos “La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”. Para este fin, los órganos de control pueden establecer orientaciones que aseguren en la medida de lo posible que el lenguaje no sexista en los documentos administrativos es la norma, en lugar de ser la excepción. De esta manera, en sintonía con la finalidad del lenguaje no sexista apuntada en el “Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo”, aprobado por la decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad de 13 de febrero de 2008, se le dará al sexo de las personas en el ámbito administrativo el papel irrelevante que en la mayoría de los contextos presenta.

Por último, es fundamental crear y/o mantener un entorno laboral respetuoso con la dignidad y con la libertad personal. Para ello, no es suficiente con la obligada aplicación en el ámbito administrativo de la citada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Estatuto Básico del Empleado Público ante la advertencia de conductas de acoso de tipo sexual y acoso por razón de sexo. Es necesaria una manifestación expresa de la intolerancia ante este tipo de situaciones y el compromiso de la adopción de medidas específicas para su prevención junto con la definición de los procedimientos adecuados para solucionar los problemas que ocasiona. En este sentido, desde 2013 el TCu cuenta con un Protocolo de actuación frente a las situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso laboral dentro del supremo órgano fiscalizador.

En definitiva, el control externo, por un lado, puede ser un instrumento útil que además de detectar las desigualdades para tratarlas, puede ayudar a diseñar políticas más efectivas para lograr la igualdad real. Por otro lado, debe ser ejemplificador en esta materia, y es su responsabilidad aplicar e impulsar la Ley Orgánica 3/2007, empezando por sus propias instituciones.

 

 

Mirta García Rosa

FHCN. Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Secretaria de Admon Local.

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2 Comentarios en La mirada violeta del control externo

  1. Paula Díaz Tie
    16 de junio de 2021 a las 08:05

    Maravillo artículo.Que necesario el control externo , en los pequeños municipios , que necesario y fundamental es crear y mantener un entorno laboral respetuoso con la dignidad y con la libertad personal. El violeta es un color que no gusta mucha en algunos sectores .Enhorabuena Mirta

  2. Paula Díaz Tie
    16 de junio de 2021 a las 08:18

    Maravillo artículo.

    Que necesario el control externo , en los pequeños municipio.

    Que necesario y fundamental es crear y mantener un entorno laboral respetuoso con la dignidad y con la libertad personal.

    El violeta es un color que no gusta mucho en algunos sectores .Enhorabuena Mirta

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