Compras públicas y economía circular

La economía circular se define como un modelo productivo en el que se buscan procesos menos dañinos con el entorno en términos de consumo de recursos, materiales y generación de residuos contribuyendo, de esta manera, a un modelo más sostenible en el largo plazo. Para ello es necesario, por un lado, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos fomentando aquellos que sean renovables y, por otro, la reducción de residuos y desechos, así como su reutilización en otros procesos productivos reteniendo su valor o calidad.

El modelo, promovido por diferentes instituciones internacionales, ha cobrado un gran impulso a partir de las diferentes iniciativas desarrolladas en la Unión Europea que se han traducido en medidas legislativas (recientemente la Estrategia Europea para el plástico o el paquete de directivas de economía circular) con el objetivo de ir, paulatinamente, cambiando el modelo tradicional lineal por este otro que permita el desacoplamiento del crecimiento económico al consumo de recursos así como el desarrollo de nuevos negocios más sostenibles, más innovadores y circulares.

En el caso concreto de nuestro país, a nivel nacional, se cuenta ya con un Pacto por la Economía Circular y una Estrategia de Economía Circular para el 2030 aún pendiente de aprobación que hace énfasis, sobre todo, en cinco sectores productivos (construcción, agroalimentación, industrial, bienes de consumo y turismo) y en medidas como la investigación, innovación y competitividad y otras como la sensibilidad, la participación, el empleo y la formación.

A estas iniciativas se suma el reciente Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE) de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, para el período 2018-2025, que fue publicado el pasado mes de diciembre con el objetivo de promover la adquisición de bienes, obras y servicios con el menor impacto ambiental (Orden PCI/86/2019 de 31 de enero) y ser “un instrumento de impulso y facilitación del crecimiento económico, desde el planteamiento de una economía circular, baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y eco- innovadora”.

Con este fin, el plan incorpora entre los criterios de selección y adjudicación, así como en las especificaciones técnicas de las compras públicas, cuestiones muy vinculadas no sólo a la gestión ambiental (sistemas de certificación ambientales como el EMAS, ecoetiquetas, huella de carbono, etc..) sino también otras propias del modelo circular como son la durabilidad de los productos o criterios para mejorar la disposición de materias primas a través de las materias primas secundarias, indicando, además, en la propia orden ministerial, la necesidad de la formación y orientación de los responsables de este tipo de compras.

Siendo conscientes de la dificultad que implica el cambio del modelo productivo tradicional, al menos se van dando pasos esperanzadores que ojalá se traduzcan en una menor presión sobre los límites planetarios y, a su vez, permita que esa raíz “eco” (oikos) compartida por la economía y la ecología vuelvan a reconciliarse por el bien de nuestro futuro común y el de las generaciones venideras. ¡No perdamos la oportunidad!

Artículo escrito por Gemma Durán Romero, Profesora Titular Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo, y Directora del Programa de Cooperación Educativa (COOPERA) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid.

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