La corresponsabilidad: una tarea urgente para acabar con la precariedad laboral de las mujeres

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Tras un nuevo 8 de marzo en el que las mujeres hemos vuelto a llenar las calles de energía y sororidad junto a compañeras de trabajo, amigas, vecinas de nuestra asociación, mujeres de la familia, con las que hemos compartido cánticos por la igualdad y la justicia social, toca seguir proponiendo y avanzar en la transformación de una sociedad que sigue siendo capitalista, patriarcal y reticente a admitir que aún nos queda mucho camino por recorrer.

Sólo el escalofriante dato que indica que al ritmo actual tardaremos 209 años en cerrar la brecha de género en términos de tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerado, nos tiene que poner las pilas y exigir medidas urgentes a todos los niveles gubernamentales para acabar con la pobreza laboral, precariedad, discriminación y desigualdad de las mujeres.

Son varias las razones que provocan este estancamiento en la puesta en marcha de políticas públicas efectivas que valoren en su justa medida el trabajo doméstico y de cuidados. La principal, es que el sistema productivo no contabiliza su contribución al producto interior bruto, que en España asciende al 41%. Por otra parte los roles de género que asignan estos trabajos a las mujeres, hace que ni los hombres ni el conjunto de la sociedad se corresponsabilice y que sigan siendo tareas feminizadas, poco valoradas e invisibilizadas. Así, en los últimos 20 años la cantidad de tiempo que las mujeres dedican al cuidado y al trabajo doméstico no remunerado apenas ha disminuido, mientras que el que dedican los hombres sólo ha aumentado en 8 minutos.

Especial mención y protagonismo tienen en este ámbito las mujeres migrantes, que constituyen la mayor parte del colectivo de empleadas de hogar y cuidadoras y que estando muchas de ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad, sufren la precariedad laboral, tienen salarios bajísimos y soportan abusos laborales, estando muy limitadas sus posibilidades de protegerse o defenderse. 

Se producen así situaciones de triple discriminación y desigualdad para estas mujeres que llegan a España con el sueño de ofrecer una vida mejor a los suyos, dado que la mayoría tienen cargas familiares y se encuentran en situación de pobreza, habiendo dejado a sus hijas e hijos a cargo de otras mujeres que en una cadena de cuidados sin fin, también sostienen la vida a costa de su propia precariedad, y desprotección a futuro, porque no podrán cotizar para disponer de una jubilación decente. Por todo ello es fundamental la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas, que son más de 400.000 en nuestro país, y equiparar sin demoras sus derechos laborales y la protección social de las mismas. Porque la vida de las cuidadoras no puede aplazarse ni un minuto más.

En Andalucía también es muy oportuno incorporar el factor de ruralidad. Muchas mujeres rurales que han trabajado “cuidando y cultivando la tierra” junto a sus maridos agricultores, no gozan de derechos adquiridos ni han cotizado por ello. Hace casi 8 años que se aprobó la Ley de Derechos de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias y sin embargo aún no es efectivo su cumplimiento.

En muchos municipios andaluces la agroindustria es un sector económico fundamental y sin embargo muchas de las mujeres que trabajan la tierra no tienen fácil acceso a unas infraestructuras dignas, ni a un transporte colectivo, social y sostenible que facilite sus desplazamientos al trabajo. No es de extrañar que la brecha salarial ascienda al 23,5% en nuestra tierra y que las mujeres no vean mejoradas sus ya quebradas condiciones laborales. 

Una nueva política alimentaria común que incentive las pequeñas explotaciones familiares y reconozca los derechos de las mujeres agriculturas, promoviendo iniciativas de consumo local y de proximidad puede contribuir a paliar la precariedad laboral de muchas de ellas y ayudar a que nuestros pueblos estén de nuevo llenos de vida.

A esta situación de precariedad laboral de las mujeres se suma la presión que se ejerce sobre nosotras en relación con la maternidad. Sin maternidad, no está asegurado el relevo generacional para producir. De nuevo la opción es perpetuar un sistema patriarcal que asume que los cuidados y el trabajo doméstico concierne a las mujeres, y no toma conciencia de su importancia para sostener la vida. La conciliación es cosa de todos y es necesaria la implicación de los hombres y del conjunto de la sociedad. Para ello hay que poner en marcha iniciativas de coeducación, visibilización y contabilización del trabajo doméstico y de cuidados. Ya existen algunas propuestas como las cuentas satélites del trabajo doméstico, que permiten a la economía dimensionar el trabajo no remunerado, así como, el desarrollo de campañas públicas que cambien los estereotipos de género para acabar con la segregación sexual en el empleo.

En tiempos de globalización económica, además del reto del cambio climático, liderado en estos momentos por la juventud europea a través de iniciativas como “Youth for Climate”, las mujeres estamos llamadas a promover nuevas formas de organización, colaborativas, saludables y horizontales. Una agenda transformadora que invierta en los cuidados y ponga en el centro la vida para acabar con la brecha de género y avanzar con más rapidez hacia la igualdad, mediante la adopción de medidas innovadoras y nuevas condiciones de trabajo para este tiempo presente. El objetivo es lograr la corresponsabilidad de hombres, empresas y gobiernos en la conciliación. Sólo a través del reconocimiento social del valor del trabajo doméstico y los cuidados, tendremos trabajos decentes, y las mujeres seremos libres para contribuir sin la sombra de la precariedad o la desprotección a la transformación social y al bien común. 

Artículo escrito por Isabel Brito Cabeza, Jefa de sección de Planificación y Prevención Ambiental en el Servicio de Medio Ambiente y Energía de la Diputación de Huelva.

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